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Durante el primer trimestre de 2026, el Huila alcanzó el nivel más alto de homicidios intencionales de la última década. Según el Ministerio de Defensa, en ese periodo se registraron 109 casos, es decir, 35 más que en el mismo lapso del año anterior, cuando se reportaron 74. Esta cifra ubica al departamento en la novena posición a nivel nacional. Pitalito, Neiva y Algeciras, en su orden, fueron los municipios que más aportaron al repunte.
Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co
El 2026 arrancó con una señal de alerta en materia de seguridad: el Huila registró el mayor número de homicidios intencionales en el primer trimestre de los últimos diez años.
Según datos del Ministerio de Defensa, entre enero y marzo se contabilizaron 109 casos, lo que representa un incremento del 47,3 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 74.
El salto significativo rompió la tendencia a la baja que se había insinuado el año pasado, cuando se registró una leve reducción frente a 2024, año en el que se totalizaron 92 casos.
Y esta escalada de la violencia también desdibujó la mejoría sostenida que se venía registrando durante tres años consecutivos: en 2023 se contabilizaron 57 homicidios, por debajo de los 58 de 2022, que a su vez descendieron frente a 2021, cuando se reportaron 63 casos; cifra cercana a la de 2016 (65 casos), pero superior a la de 2019 (57) y 2018 (48).
En contraste, los niveles más bajos de los últimos diez años se registraron en 2017 (38) y 2020 (40).
Los municipios que más pusieron víctimas
Pitalito, Neiva y Algeciras fueron los que más engrosaron el consolidado total de esta vigencia, lo que los ubica como los municipios con mayor incidencia de estos hechos en la región.
El Valle de Laboyos se impuso, para sorpresa de expertos, con 24 casos, por encima de la capital huilense, que registró 18. De cerca le sigue la despensa agrícola del departamento, con 12 casos; luego aparecen Campoalegre con 8, La Plata con 5 y Suaza, Oporapa y Gigante, con 4 cada uno.
A la lista se suman Acevedo, El Agrado, Garzón, La Argentina y Palermo; Íquira, San Agustín y Yaguará; así como Colombia, Hobo, Isnos, Nátaga, Palestina, Rivera, Saladoblanco, Tarqui y Tello.
En total, 25 de los 37 municipios registraron al menos un caso, mientras que los 12 restantes “pasaron en limpio”. Esta cifra también sobrepasó la del año pasado, cuando solo 21 localidades reportaban homicidios intencionales.
Mayores variaciones
Ahora bien, en términos de variación, el aumento se concentró en pocos territorios que explican buena parte del repunte. Pitalito presentó el mayor incremento frente a 2025, con 14 casos más, seguido de Neiva, que registró un aumento de 7. Algeciras, por su parte, sumó 6 hechos adicionales, al igual que Campoalegre.
En contraste, La Plata reportó la caída más pronunciada, al pasar de 10 a 5 casos, seguido de Garzón, que disminuyó de 7 a 3. Igualmente, Isnos cayó de 4 a 1 y Timaná pasó de 3 a 0, con descensos también relevantes.
Años más violentos
Para el alcalde de Algeciras, Alexander Martínez, la posición que ocupa el municipio que lidera es preocupante. Dijo, además, que los motivos de la cifra “tan grande” son desconocidos hasta el momento.
“Las autoridades pertinentes se encuentran realizando las investigaciones para determinar a qué se deben estos homicidios. (…) Por supuesto que a todos nos preocupa, porque, así como el Huila, Algeciras vive los años más violentos. Por ende, se ha hecho el llamado para poder buscar la forma de contrarrestar esta situación”, precisó el burgomaestre.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara, recordó que el primer trimestre de 2026 ha sido denominado por Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) como el más violento de Colombia en los últimos 10 años, lo que significa que lo que sucede en la capital del Huila no es un hecho aislado.
Aunque las cifras del Ministerio de Defensa no coinciden con el consolidado de la Alcaldía, lo cierto es que la mayoría de los casos estarían asociados a ajustes de cuentas, disputas vinculadas a antecedentes y hechos de intolerancia social.
Jerson Andrés Bastidas, personero de la ciudad capital, a su turno, señaló que el incremento exponencial genera inquietud, en el marco de su responsabilidad en la garantía y protección de los derechos humanos.
“Si no es la vida, pues no hay ningún otro derecho que proteger. En ese sentido, hablar de 18 homicidios en nuestro municipio es bastante lamentable y también genera un tinte de cuestionamiento sobre cuáles son esas causas y motivos que están generando esa alteración en las cifras y que nos están poniendo en esa penosa situación de ser considerados el segundo municipio del departamento con más hechos de violencia de este tipo. Eso es importante para poder definir el tipo de acciones que puedan prevenirlos”, apuntó el representante del Ministerio Público.
¿Cómo se explica este aumento?
El abogado penalista Luis Alberto Ossa Montaño explicó a LA NACIÓN que, desde una perspectiva jurídica y criminológica, un aumento de esta magnitud sugiere al menos tres aspectos.
“Primero, falló la contención temprana: las acciones de prevención, inteligencia, control territorial y reacción institucional no fueron suficientes. Segundo, que la violencia no parece obedecer a una sola causa, porque las propias autoridades hablan de pluralidad de móviles: robos violentos, riñas, amenazas a líderes comunales y disputa armada. Tercero, que puede existir una recomposición criminal o expansión de actores armados en corredores rurales del Huila; la Defensoría ya había advertido riesgos por disputas entre estructuras disidentes con impacto en el departamento, así como presiones sobre comunidades y liderazgos”, indicó.
Anotó, bajo esa lógica, que el hecho de que Pitalito registre el mayor número de casos, incluso por encima de Neiva, evidencia una falla en la lectura institucional del riesgo. A su juicio, el Valle de Laboyos podría estar funcionando como un territorio de disputa o corredor estratégico.
Y complementó: “Por otro lado, que la cifra tiene un valor simbólico e institucional fuerte: si la capital no lidera el número de homicidios, el mensaje es que la violencia está golpeando con especial fuerza territorios donde la capacidad estatal suele ser más limitada que en Neiva, tanto en investigación como en prevención situacional y control administrativo. Esa desproporción suele exigir una respuesta diferencial y no una política homogénea para todo el departamento”.
Según el experto, en la contención del homicidio las capturas sirven sobre todo para interrumpir de inmediato la capacidad ofensiva del autor o de la estructura; las judicializaciones convierten esa reacción policial en una respuesta penal sostenible; y las condenas consolidan el efecto de incapacitación, verdad, reparación y disuasión.
El profesional en Derecho, por último, consideró que el repunte podría estar, en buena medida, asociado a disputas entre estructuras criminales o economías ilegales.
“En Huila en general también hay respaldo oficial para esa hipótesis. No diría que todo el repunte se explica por disputas entre estructuras criminales o economías ilegales, pero sí que esas dinámicas aparecen hoy como uno de los factores más sólidos para entender una parte relevante del aumento de homicidios”, concluyó.
Huila, entre los 10 con más homicidios del país
A nivel nacional, aunque también se presentó un incremento, este fue leve. De acuerdo con las cifras oficiales, el país pasó de 3.345 casos en el primer trimestre de 2025 a 3.391 en el mismo periodo de 2026, lo que representa un aumento del 1,4 %. El Valle del Cauca encabeza el listado con 609 homicidios, seguido de Antioquia (428), Atlántico (305) y Bogotá D.C. (265), concentrando buena parte de los casos del país.
En un segundo grupo aparecen departamentos como Cauca (176), Bolívar (156), Norte de Santander (144) y Santander (128), mientras que el Huila, con 109 casos, se ubica en la novena posición a nivel nacional, en un rango intermedio junto a Magdalena (101), Tolima (94) y Cundinamarca (91).
En el otro extremo, los menores registros se presentan en territorios como Amazonas (2), Vichada (3) y San Andrés Islas (7), evidenciando una marcada disparidad regional en el comportamiento de este delito.
Tomado de la Nación.
