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Las tiendas de ropa interior para mujer, Lili Pink, fueron embargadas por la Fiscalía un operativo de extinción de dominio. La intervención se dio en Neiva, Pitalito, Ibagué y Bogotá, entre otras ciudades del país. La marca es investigada por un presunto caso de contrabando de textiles. En Neiva las tiendas estaban funcionando normalmente. “Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes…”, señala la representación legal de la empresa.
Una operación de extinción de dominio por presunto contrabando de textiles, contra las tiendas de ropa interior para mujer, Lili Pink, adelantó la Fiscalía.
La operación la adelantó ayer la Fiscalía 30 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio en las ciudades de Neiva, siete tiendas; Pitalito, una tienda, además de las ubicadas en Bogotá, Ibagué y Cali, entre otras ciudades. Varios locales quedarán bajo administración provisional del Estado mientras avanza el proceso.
La investigación también es contra varios de sus directivos por su presunta participación en delitos de lavado de activos y contrabando de textiles. De acuerdo con las indagaciones, la empresa habría sido supuestamente utilizada como una fachada para facilitar el ingreso irregular de mercancía al país, así como para canalizar recursos de origen ilícito dentro del mercado local.
El proceso judicial apunta a esclarecer el funcionamiento de una supuesta red que habría aprovechado la estructura comercial de la marca para mover productos sin cumplir con los requisitos legales, afectando la competencia y el comercio formal.
Parte de este proceso comenzó a investigarse hace casi cinco años, en la administración de Lisandro Junco en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
La Dian venía implementado una avanzada herramienta tecnológica denominada “el Ojo de la Dian”, un software que actúa como un sistema de vigilancia interna para monitorear en tiempo real el comportamiento de sus funcionarios.
Gracias a esta tecnología, las autoridades están cerca de desmantelar una de las mayores redes de contrabando en Colombia, liderada por un influyente empresario del sector textil en la Costa Caribe. Esta organización habría ingresado ilegalmente mercancías por más de 20 millones de dólares anuales durante dos décadas, y su caída representa uno de los golpes más contundentes contra la economía ilegal y la corrupción institucional en el país.
La Dirección Ejecutiva Fastmoda de las tiendas Lili Pink confirmó a través de un comunicado, la intervención de sus establecimientos en las diferentes ciudades del país.
“Como parte de este proceso, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades. Estamos trabajando de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”, señala el documento.
Además, hicieron un llamado a las autoridades para preservar la planta de empleados y la marca. “A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo.
¿Cómo han sido los operativos contra Lili Pink?
Como parte de las acciones, el CTI de la Fiscalía ejecutó allanamientos técnicos y procedimientos de extinción de dominio en más de 300 establecimientos comerciales. Estas diligencias se desarrollaron de manera simultánea en distintas ciudades del país.
Los operativos buscan recolectar pruebas y asegurar bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas. La magnitud de la intervención refleja el alcance de la investigación y el tamaño de la operación comercial bajo análisis.
En paralelo a los allanamientos, las autoridades confirmaron la captura de varias personas presuntamente vinculadas al esquema ilegal. Aunque el número exacto de detenidos puede variar conforme avanza la investigación, se ha establecido que hubo detenciones simultáneas en el marco de los operativos.
Estas capturas forman parte de la estrategia para desarticular la red y avanzar en la judicialización de los responsables, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.
Debido a los procesos de extinción de dominio en curso, se prevé que una parte importante de los establecimientos intervenidos pase a ser administrada provisionalmente por el Estado.
Esta gestión estaría a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de custodiar y administrar bienes incautados mientras se define su situación jurídica.
Con información de El Colombiano.com
tomado de la Nacion.
