Una tormenta política se desató tras el anuncio de una desobediencia civil pacífica ante la supuesta vulneración de la dignidad nacional. La declaración del líder de oposición, Iván Cepeda, sustentada en lo que calificó como “hechos muy graves que han venido aconteciendo”, provocó un inmediato choque de posiciones: mientras partidos, gremios y dirigentes rechazaron el llamado por considerarlo una amenaza a la institucionalidad, sus aliados lo defendieron como un mecanismo legítimo de resistencia democrática.
Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co
A través de doce argumentos, consignados en una declaración pública trascendental, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, fijó la posición que asume de cara a “hechos muy graves que han venido aconteciendo”.
Según el dirigente de oposición, antes de la posesión presidencial Abelardo De la Espriella deberá renunciar a la ciudadanía estadounidense, al considerar que esa condición podría generar un conflicto de lealtades frente a la independencia del país, y aclarar si ha sido o es colaborador de cualquier agencia de seguridad de ese país. Al mismo tiempo, pidió que garantice el respeto por la soberanía nacional, la autonomía de la justicia, desista de cualquier intento de extraditar al presidente Gustavo Petro y cese lo que calificó como una persecución contra los opositores políticos.
Bajo esa lógica, advirtió que, si esas condiciones no se cumplen, promoverá una desobediencia civil pacífica y no reconocerá la autoridad del nuevo mandatario.
“Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra Constitución Política. Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda si De la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional”, manifestó el excandidato presidencial.
Una declaración que no cayó bien
Tras el anuncio, las reacciones de todo tipo no tardaron. Uno de los primeros en pronunciarse fue el máximo contrincante político del líder de izquierda, Álvaro Uribe Vélez, quien de manera sarcástica señaló: “Cepeda promoverá desobediencia civil si no me meten a la cárcel”.
El Partido Cambio Radical, que se declaró de gobierno, calificó como gravísima e irresponsable la declaración del senador. Dicha colectividad afirmó, además, que la desobediencia civil contra las instituciones no es oposición: es un intento de debilitar el Estado de Derecho.
“En campaña prometía defender la democracia y la institucionalidad, pero hoy amenaza con desconocer la voluntad de millones de colombianos porque el resultado no le favoreció. La democracia se respeta cuando se gana y también cuando se pierde”, expuso.
Por esa misma línea, el Partido Conservador Colombiano rechazó “de forma categórica” el llamado realizado por el filósofo, al considerar que busca promover escenarios de confrontación.
“Ningún liderazgo político debe promover las vías de hecho ni discursos que pongan en riesgo la convivencia, la seguridad y la estabilidad del país. Hacemos un llamado urgente a todos los sectores políticos a desescalar el lenguaje, rodear al presidente electo Abelardo De la Espriella y a respetar la institucionalidad, actuando exclusivamente dentro del marco de la Constitución y la ley”, agregó.
El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por su parte, descalificó los argumentos presentados por Cepeda. Dijo que resultan ridículos para llamar a la desobediencia civil.
“Por fin se quitó la máscara de demócrata que sostuvo durante toda la campaña y mostró su verdadera cara. El llamado a la desobediencia civil de Cepeda no es otra cosa que un mecanismo de extorsión, es una ordenanza a su primera línea para generar un Estallido Social 2.0. No nos vamos a dejar amedrentar, el pueblo habló en las urnas, y esa voluntad la vamos a hacer respetar”, apuntó Enrique Gómez, director nacional de Salvación Nacional, movimiento que respaldó la candidatura del ‘Tigre’.
Para Lidio García Turbay, presidente del Senado de la República, en una democracia constitucional, el mandato que otorgan las urnas no está sujeto a condiciones que pretendan imponerse por fuera de la Constitución Política. Mencionó que quien resulta elegido merece el mismo respeto institucional que recibió el presidente Gustavo Petro cuando fue elegido por los ciudadanos. En ese sentido, anticipó que no aceptarán que en Colombia se pretenda reemplazar la voluntad popular por la presión política o la amenaza de alterar el orden público.
“Anuncian desobediencia civil en contra de un presidente entrante elegido democráticamente, que además les ganó teniendo en contra el voto fusil. Pero ¿qué obediencia tuvieron ante las Farc, Eln, Clan del Golfo? ¿Qué obediencia tuvieron para robarse la Unidad de Gestión del Riesgo? ¿Qué obediencia tuvieron para destruir el sistema de salud? ¿Qué obediencia tuvieron con sus aliados, quienes se robaron a Medellín? Sabemos muy bien a quién obedecen realmente. Muy pronto cesará la horrible noche”, dijo, a su turno, el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez.
El designado ministro del Interior, el huilense Rodrigo Lara Restrepo, respondió a la “desobediencia civil”. Afirmó que el senador debe “ceñirse a lo que dicten la Constitución y la ley” porque el pueblo ya habló el pasado 21 de junio.
Aliados de Cepeda respaldan la propuesta
Sin embargo, otros dirigentes políticos afines al filósofo respaldaron su idea. Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, anotó que Abelardo De la Espriella no solo fue abogado en Estados Unidos, sino posiblemente un colaborador de la DEA (Administración para el Control de Drogas) y la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Añadió que la soberanía judicial y la seguridad nacional de Colombia están comprometidas; por ende, la desobediencia civil pacífica planteada, en su criterio, no es solo legítima, sino urgente.
“La desobediencia civil es una forma de resistencia democrática. Consiste en negarse, de manera pública, pacífica y consciente, a obedecer decisiones o autoridades que se consideran contrarias a la Constitución, los derechos fundamentales o los principios democráticos. No es un golpe de Estado. No es una invitación a la violencia. Tampoco significa destruir las instituciones. Al contrario: quienes recurren a ella afirman que lo hacen para defender principios superiores del Estado de derecho cuando consideran que estos están siendo vulnerados. A lo largo de la historia, este mecanismo fue utilizado por figuras como Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., quienes promovieron la resistencia pacífica frente a leyes o decisiones que consideraban injustas”, explicó la congresista María Fernanda Carrascal.
Como era de esperarse, Aida Quilcué, exfórmula vicepresidencial de quien prometía la continuidad del Gobierno de Gustavo Petro, también defendió esa postura. Manifestó que el llamado a la desobediencia civil pacífica es un acto legítimo de defensa de la democracia cuando la soberanía, los derechos y el interés nacional se ven subordinados a intereses ajenos y externos.
“Respaldar este llamado es asumir, desde la conciencia y la organización social, el compromiso de proteger la soberanía de nuestro país. La defensa de Colombia también se expresa a través de la desobediencia civil pacífica, como un ejercicio democrático al servicio del pueblo”, puntualizó.
Jennifer Pedraza, quien pertenece al centro político, coincidió con Iván Cepeda en que De la Espriella debería renunciar a su ciudadanía estadounidense porque para obtenerla juró lealtad exclusiva a los intereses de Estados Unidos y ahora debe anteponer los de Colombia. Pero se alejó de la idea de desconocer su elección, toda vez que ganó la contienda y “el mandato democrático se respeta”.

Posición de los congresistas huilenses
El reelegido representante a la Cámara, Julio César Triana, enfatizó que el anuncio es una clara amenaza contra la democracia y el orden público. Precisó, igualmente, que muy poco le duró a Iván Cepeda la máscara de demócrata.
“Hoy llama a una desobediencia civil si el presidente electo no cede a sus condiciones. ¡Háganme el favor! Senador Cepeda, nada más antidemocrático que eso. Deje el chantaje político y las amenazas. Le recuerdo que los colombianos se expresaron en las urnas y usted perdió. ¿Esta es la manera en la que va a hacer oposición estos 4 años? Lamentable”, insistió.
La izquierdista Lourdes Mateus, electa representante a la Cámara, en contraste, declaró que la historia demuestra que los mayores avances democráticos no nacieron de la obediencia ciega, sino de ciudadanías que decidieron resistir pacíficamente ante el abuso del poder.
“Y hoy, les guste o no, Colombia tiene derecho a hacerse una pregunta incómoda: ¿Puede un presidente con ciudadanía estadounidense, después de haber jurado lealtad y subordinación absoluta, garantizar que, llegado un conflicto entre los intereses de Colombia y los de esa nación, la lealtad será incondicional con el pueblo colombiano? Si defender la soberanía nacional incomoda, que se incomoden todo lo que quieran, pero hay momentos en la historia en los que los silencios dejan de ser neutrales y empiezan a convertirse en renuncias. Y nosotros y nosotras no vamos a renunciar a Colombia. ¡Yo tampoco reconozco, en esta tierra, presidente extranjero gringo… ni como ciudadana, ni como congresista! ¡Arrodillada a un imperio, nunca!”, subrayó.
Rechazo gremial al llamado de desobediencia civil
Desde el Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez rechazó el llamado a desconocer a las autoridades legítimamente constituidas y el mandato popular expresado en las urnas.
Enfatizó que una cosa es ejercer la oposición dentro de las garantías y otra muy distinta es desconocer los principios que sustentan el Estado Social de Derecho.
“En una democracia constitucional no existen legitimidades paralelas ni mandatos sometidos a la aceptación de sectores políticos particulares. Las controversias propias de la vida democrática deben tramitarse exclusivamente por los cauces previstos en la Constitución y la ley”, comentó la presidenta, quien además agregó que estos anuncios no representan una opción legítima de deliberación democrática, sino una conducta que compromete la estabilidad institucional, debilita la confianza ciudadana y puede propiciar escenarios de confrontación política y social con consecuencias imprevisibles para el país.
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham), expuso que, mientras la Constitución no cambie, las reglas son las reglas: los requisitos para ser presidente los define la ley, no la presión política.
“Y, hasta hoy, Colombia permite la doble nacionalidad y no la prohíbe para un colombiano por nacimiento que llegue a la Presidencia. Si la doble nacionalidad es ahora un impedimento, la pregunta es legítima: ¿por qué no lo fue frente a la doble nacionalidad italiana y colombiana del presidente Petro? Y si el debate es sobre la ciudadanía estadounidense, sus efectos jurídicos los define Estados Unidos; en Colombia aplica nuestra Constitución”, sostuvo.
Por lo anterior, a su juicio, el llamado de Cepeda es irresponsable e inconstitucional.
De la Espriella oficializó a Miguel Gómez Martínez como su ministro de Hacienda
El presidente electo, Abelardo De la Espriella, confirmó este martes el segundo nombramiento de su gabinete ministerial. Se trata del economista Miguel Gómez Martínez, quien asumirá el Ministerio de Hacienda y tendrá la responsabilidad de liderar las finanzas públicas del país en medio de un complejo panorama fiscal.
Gómez Martínez cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, académico y gremial. Fue congresista por el Partido de La U, embajador de Colombia en Francia, gerente de Bancóldex, dos veces decano de Economía de la Universidad del Rosario, vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda y presidente de gremios como Asocolflores, la Cámara Colombo Americana (AmCham) y Fasecolda.
Al anunciar su designación, De la Espriella aseguró que el economista representa el perfil de quienes “nunca se han rendido ante la crisis” y afirmó que su misión será recuperar la confianza en las instituciones, proteger los recursos de los colombianos y ordenar las finanzas públicas con transparencia, disciplina y responsabilidad.

Así será el proceso de empalme
El gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo De la Espriella, iniciarán oficialmente esta semana el proceso de empalme, cuya primera reunión está prevista para el jueves 2 de julio en la Casa de Nariño. La coordinación estará a cargo del ministro de Hacienda, Germán Ávila, por el Gobierno saliente, y del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, por la administración entrante.
Mientras el equipo de De la Espriella anunció la conformación de 22 mesas técnicas para revisar el estado de las entidades e identificar posibles irregularidades, el ministro Ávila enfatizó que el proceso “no es un debate político”, sino un mecanismo de entrega de información regulado por la Ley 951 de 2005. En ese sentido, aseguró que el Gobierno entregará “ni más ni menos información de lo que la ley demanda y exige” y rechazó los señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción formulados desde el equipo del presidente electo.
“Hoy instalamos el primer Empalme Anticorrupción en la historia de Colombia. Este proceso, liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y conformado por 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores, inicia con un propósito claro: conocer con rigor, transparencia e independencia el verdadero estado del Estado colombiano”, indicó el ‘Tigre’.
Además del empalme nacional, De la Espriella anunció que adelantará reuniones con gobernadores y alcaldes para conocer el estado de los recursos y proyectos en las regiones, con el propósito de facilitar la transición del nuevo Gobierno, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

Tomado de la Nación.
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