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La administración municipal defiende el programa Pitalito Solidario, que en una de sus etapas contempla el llamado retorno voluntario como un modelo de resocialización y reubicación digna. Sin embargo, líderes comunitarios, la concejal Sandra Calderón y la Contraloría Departamental cuestionan el manejo de los recursos y el supuesto “efecto llamado” que, según críticos, atrae más habitantes de calle al municipio.
Hernán Guillermo Galindo M
hernan.galindo@lanacion.com.co
El Programa de Atención Psicosocial Pitalito Solidario, orientado a la dignificación de la vida en calle, retomó sus acciones en el marco de la Fase 2 del proceso Construyendo Dignidad del PNUD Colombia, gestionado por la Corporación Floresencia.
En este contexto, la administración municipal presentó hace pocos días el retorno voluntario número 24 de un habitante de calle a su lugar de origen, el primero de esta nueva etapa en 2026, una acción de acompañamiento psicosocial que busca facilitar el reencuentro con las redes familiares y de apoyo desde el respeto por la autonomía y la voluntad de cada persona.
El relanzamiento del programa no ha estado exento de controversia. La firma de un nuevo convenio interinstitucional por $224 millones de pesos ($104 millones del municipio y $120 millones aportados por el PNUD) para la atención de habitantes de calle en el salón comunal del barrio Villa del Prado desató una marcada división en la ciudad. Líderes comunitarios y voces en el Concejo han puesto en duda el manejo de los recursos. La administración municipal defiende el proyecto.
Las críticas
Diversos sectores de la ciudadanía critican lo que consideran una visión “puramente asistencialista” que no resuelve el problema de fondo, y denuncian la ausencia de un censo real de caracterización. Según la comunidad, la estrategia ha provocado un “efecto llamado”, que atrae a más personas en condición de calle a la localidad, derivando en el deterioro del entorno urbano, deficiencias de salubridad y un incremento en la percepción de inseguridad y el microtráfico.
La controversia escaló al plano legal tras los hallazgos de la concejal Sandra Calderón sobre el contrato saliente, en el que se invirtieron $445 millones. Entre los señalamientos destacan la destinación desproporcionada de recursos a rubros administrativos y el uso no regulado de la denominada Moneda Solidaria como caja menor. Por estas presuntas anomalías, la Contraloría Departamental del Huila formalizó la apertura de un proceso auditor para establecer si existió detrimento patrimonial.
La defensa del alcalde Luna
Frente a las acusaciones, el alcalde Yider Luna le respondió a LA NACIÓN y reafirmó la importancia del proyecto y atribuyó las críticas a intereses políticos. Lo que hay que mirar son los intereses políticos que hay detrás. “Quien satanizó el programa es una concejal que tiene intereses políticos”, afirmó el mandatario, quien recordó que fue él quien en 2019 montó un centro de rehabilitación en Pitalito, antes de ser alcalde, con psiquiatra, médicos, psicólogos y terapeutas.
Luna destacó resultados concretos: 24 habitantes de calle reubicados en sus sitios de origen con evidencias fotográficas y seguimiento, y una caracterización reciente que contabiliza casi 200 habitantes de calle en el municipio. “Este mes ya hemos reubicado dos, tres otra vez; el programa apenas inició hace 15 o 20 días y ya hemos reubicado dos, tres personas nuevamente”, señaló, al tiempo que anunció que se aumentará la intensidad del programa y se buscarán alianzas estratégicas para rehabilitar a quienes son propios del municipio.
Plan integral
El alcalde defendió el enfoque integral del programa frente a lo que calificó como prácticas de otros entes territoriales: “La fácil es súbalo en un camión y vaya del problema a otro, déjenlos en otra ciudad. Creo que no es esa la razón de una alcaldía: la razón es resolver el problema de manera integral”. En ese sentido, explicó que la atención incluye un centro con psicología, trabajo social, comedores y lavadoras, y que la Moneda Solidaria —una moneda pedagógica sin valor comercial— busca subsidiar el programa y evitar que la mendicidad llegue a los expendios de drogas. “Darle una moneda de 500 al habitante de calle no es calmarle su hambre, es alimentarle su adicción”, advirtió.
Sobre la inversión, el mandatario precisó que a la fecha se han destinado alrededor de 600 millones de pesos entre dotación de cocina, muebles, comedores, lavadoras, pago de profesionales y reubicaciones. Asimismo, rechazó que el programa sea un negocio: Ya yo salí de la fundación y lo miran como negocio, pero no miran en realidad lo que se ha hecho a través de ese importante programa”.
La Secretaría de Gobierno, por su parte, sostuvo que la primera etapa permitió consolidar infraestructura clave, atender a cientos de ciudadanos en situación de vulnerabilidad y mantener la transparencia financiera sin incurrir en sobrecostos. El debate, no obstante, sigue abierto en Pitalito, donde la apuesta por la dignificación de la vida en calle se enfrenta al escrutinio ciudadano y de los organismos de control.
Tomado de la Nación.
