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El Gobierno del presidente Petro emitió una serie de decretos para atender los estragos de la temporada de lluvias, pero esas medidas, que crean impuestos y aumentan cargas a ciertos sectores, generan alarma en el empresariado.
Se incrementa la controversia en el país tras emitirse cinco decretos en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica para atender los estragos que causó la fuerte temporada de lluvias en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro busca “conjurar la crisis” e “impedir la extensión de sus efectos”, y argumenta que la magnitud del fenómeno superó los escenarios “razonablemente previsibles”, por eso emitió medidas excepcionales en materia tributaria, crediticia, de tierras y de gestión ambiental.
Entre los decretos más polémicos expedidos en el marco de la emergencia sobresale el decreto 0173, que crea un impuesto al patrimonio empresarial; y el que establece un aporte adicional del 2% sobre las ventas brutas de generadoras de energía eléctrica, abarca tanto a hidroeléctricas como térmicas, durante seis meses (0177).
Las críticas
Desde el sector eléctrico, Acolgen advirtió que afecta la “seguridad energética de los usuarios”, además, “impacta de forma inmediata el flujo de caja”, podría incrementar los precios para los usuarios.
Pero definitivamente las críticas más duras se concentran en el impuesto al patrimonio. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda del expresidente Iván Duque lo calificó como una medida “anti técnica y destructora en una economía”. Y María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana y del gremio Aliadas, dijo que “esto debe hacerse primero con los recursos que ya estamos pagando todos los colombianos. Plata hay; lo que falta es austeridad, priorización del gasto y buen uso, con metas, trazabilidad y auditoría. Si no, lo que se busca con nuevos impuestos es marchitar el árbol que da frutos”.
En esa misma línea, Jaime Alberto Cabal, de Fenalco, lo definió como “un torpedo a las condiciones para que las firmas sigan creciendo y generando empleo”, cuestionó además el uso y la eficiencia del gasto público : “el impuesto al patrimonio es una especie en vías de extinción en el mundo porque castiga la innovación y a los empresarios exitosos. Ojalá en las urnas se castigue ejemplarmente a este gobierno derrochón e irresponsable por el mal manejo de los recursos públicos”.
También salió en rechazo el Consejo Gremial, llamado también gremio de gremios. Afirmó que “apoya que se tomen medidas urgentes que permitan atender la crisis, pero expresa su rechazo categórico a la utilización del estado de emergencia invernal como vehículo para expedir medidas que, lejos de estar estrictamente orientadas a conjurar la crisis, introducen modificaciones estructurales en materia tributaria, ambiental, financiera, operativa y sectorial”. Y aseguró que carecen de sustento: “estas decisiones exceden el carácter transitorio y excepcional que la Constitución”.
El Gobierno, de otro lado parte, defiende que la emergencia habilita la adopción de medidas “extraordinarias, excepcionales y transitorias” orientadas a proteger derechos fundamentales como la alimentación y la vida digna. Argumenta que el Presupuesto General presenta un alto nivel de rigidez, con cerca del 93% de las apropiaciones inflexibles, y que los recursos ordinarios resultan insuficientes frente a una crisis que incrementó en más de 1.150% los reportes de afectación respecto de años anteriores.
Otras medidas
En el sector agropecuario, el Decreto 0175 crea un paquete de alivios financieros y acceso urgente al crédito para pequeños productores afectados. El texto señala que los estragos del invierto afectó “la capacidad de pago del sector rural y la estabilidad económica de las comunidades afectadas”, generando un “riesgo cierto de incremento acelerado de la cartera en mora”.
Además, el Decreto 0174 introduce medidas para la reubicación y relocalización de unidades productivas rurales en zonas de alto riesgo. El Ejecutivo sostiene que la emergencia dejó más de 110.000 hectáreas afectadas y 252.233 personas impactadas directamente, configurando “una afectación masiva y extraordinaria que supera los patrones históricos de comportamiento climático”. Bajo esa premisa, se habilitan mecanismos excepcionales de adquisición, saneamiento y registro de tierras, incluso con suspensión temporal de trámites ordinarios, al considerar que los procedimientos habituales resultan “incompatibles con la inmediatez requerida para salvar vidas y garantizar el mínimo vital”.
La controversia está servida y, como en otras ocasiones, será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra sobre si los decretos cumplen los estándares de conexidad, necesidad y proporcionalidad que exige la ley.
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Tomado de la Nación
