De La Espriella: “La falsa paz total llegó a su fin”

El Congreso aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno. La iniciativa obtuvo 95 votos a favor y 10 en contra en la Cámara, y 57 positivos y 24 negativos en el Senado.

DIARIO DEL HUILA, NACIONAL

El presidente Abelardo De La Espriella celebró la aprobación de la Ley de Sometimiento en el Congreso y afirmó que la paz total del gobierno de Gustavo Petro llegó a su fin. El mandatario se pronunció en su cuenta de X, luego de que Senado y Cámara respaldaran el mismo texto del proyecto.

“¡Habemus Ley de Sometimiento!”, escribió el jefe de Estado. Agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al Congreso por respaldar la iniciativa.

“Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”, expresó De La Espriella.

El mensaje concluyó con una frase que marcó distancia frente a la política del anterior Gobierno: “La falsa paz total llegó a su fin”.

Votación en Senado y Cámara

La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes con 95 votos a favor y 10 en contra. En el Senado obtuvo 57 votos positivos y 24 negativos. Ambas corporaciones avalaron el mismo articulado, por lo que el proyecto no requería conciliación y seguiría el trámite correspondiente para la sanción presidencial.

El proyecto establece un marco jurídico para que organizaciones criminales de alto impacto se sometan a la justicia bajo condiciones y beneficios penales determinados.

¿Qué contempla la Ley de Sometimiento?

El texto aprobado establece un mecanismo dirigido al desmantelamiento de estructuras criminales y condiciona los beneficios al cumplimiento de compromisos ante las autoridades. Los compromisos incluyen entregar información y bienes y contribuir a desarticular las organizaciones.

La norma contempla reducciones de pena de hasta el 50 % para integrantes de base y de hasta el 30 % para cabecillas. Para quienes hayan ejercido funciones de mando, se contempla una pena mínima de diez años de prisión. Las sanciones deberán cumplirse en establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El Gobierno afirma que no se reconocerá estatus político a las organizaciones ni se abrirán mesas de negociación política; el mecanismo se concentra en el sometimiento judicial.

El ministro Iván Cancino señaló que las rebajas no serán automáticas. Quienes no cumplan los requisitos no podrán acceder a rebajas.

La iniciativa también marca distancia con los mecanismos de diálogo del periodo anterior. Según el ministro, el sometimiento no implica suspender órdenes de captura ni extradiciones. Quienes pretendan acogerse deberán responder ante la justicia y cumplir las condiciones fijadas para conservar los beneficios.

El Gobierno sostiene que este modelo permitirá concentrar la actuación estatal en la entrega de información, activos y resultados concretos contra las estructuras, bajo supervisión de las autoridades competentes.

Un cambio frente a la política anterior

La iniciativa se distancia del modelo de paz total del Gobierno Petro, que contemplaba acercamientos y procesos de diálogo con distintos grupos armados. El nuevo marco, según el Gobierno, prioriza el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de las organizaciones, en lugar de una negociación política.

De La Espriella presentó el resultado como el cierre de la estrategia anterior. El desafío será verificar el cumplimiento de esos compromisos.

El trámite legislativo avanzó en medio de un debate sobre la manera en que el Estado debe enfrentar a las organizaciones ilegales. Para el Ejecutivo, la norma busca facilitar su desarticulación mediante compromisos verificables; sus resultados, no obstante, dependerán de la implementación y del control de las autoridades judiciales.

Con el respaldo del Congreso, el Gobierno busca avanzar en su política de seguridad mediante una herramienta judicial que combina sanciones y beneficios condicionados. Su efectividad dependerá de la aplicación, del cumplimiento de las obligaciones por parte de quienes se sometan y de la capacidad institucional para verificar sus aportes y el desmantelamiento de las organizaciones.

Tomado de el Diario del Huila.