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El exdirector del Instituto de Tránsito de Pitalito (Intrapitalito), Wiliam Iván Rojas Giraldo, además de funcionarios, agentes de tránsito, tramitadores y contratistas, serán llamados a juicio por delitos contra la administración pública. “En las Instalaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte, Intrapitalito, existía un organización criminal, y tenía como finalidad, la comisión de diferentes delitos…”, dice la Fiscalía.
Rafael Rodríguez C.
rafael.rodriguez@lanacion.com.co
“Existía un organización criminal….”, así califica la Fiscalía a la presunta red delincuencial que habría al interior del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito (Intrapitalito), entre los años 2022 al 2024, y de la que, parecer, hacía parte su entonces director, William Iván Rojas Giraldo.
El señalamiento lo hace la Fiscal Séptima Seccional de Neiva en el escrito de acusación con el que llamará a juicio oral al exfuncionario y 13 personas más entre las que se encuentran funcionarios, agentes de tránsito, tramitadores y contratistas, ante Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito con Funciones de Conocimiento. La audiencia de acusación se iba a desarrollar el pasado 19 de junio de 2026 a las 3:30 de la tarde pero fue aplazada por el mismo juzgado que se encontraba en otra diligencia judicial.
“En las Instalaciones de la Secretaria de Tránsito y Transporte Intrapitalito, existía un organización criminal, y tenía como finalidad, la comisión de diferentes conductas, delitos como falsedades en documento público, al alterar comparendos de tránsito, entregar vehículos sin los documentos legales y procedimientos establecidos. Delitos contra la administración pública como cohechos propios e impropios y peculado por apropiación”, se lee en el escrito de acusación conocido por LA NACIÓN.
La fiscal acusará a Rojas Giraldo, como probable autor de los delitos concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público; a Leonardo Vargas Torres, de los presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio y falsedad material en documento público y a Luisa Fernanda Calderón Lozada, José Jamer Morales Vargas y Jhon Weimer Varón López, como probables autores de los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio y peculado por apropiación.
Además, acusará a Carlos Alonso Rodríguez Berrio y Juan Nicolás Barrera Grillo, probables autores de los delitos concierto para delinquir, cohecho impropio, peculado por apropiación y falsedad material en documento público.
También serán llamados a juicio Jhonatan Martínez Méndez, Manuel de Jesús Salamanca Imbachi, Luis Alfredo Samboni, Derly Maritza Laguna Narváez, Héctor Fernando Chavarro Motta y Danitza Daniela Benavidez Cano, como probables autores de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Y a Guido Alexander Galindez Sáenz, de los presuntos delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y peculado por apropiación.
Los roles
En desarrollo de las pesquisas que contaron con interceptaciones telefónicas y declaraciones de víctimas, que dejaron al descubierto a la presunta red delincuencial, los investigadores establecieron que los entonces servidores públicos o particulares recibían dinero para entregar motocicletas que se encontraban bajo custodia, entre otras irregularidades al interior de la entidad.
“Recibían dinero para que no se registrara en los sistemas de vehículos inmovilizados, así como la no imposición de comparendos, no reportando el trámite contravencional y judicial por las infracciones de tránsito a las autoridades administrativas y judiciales, alterando los sistemas de información oficiales, ocultando o destruyendo los elementos materiales probatorios de la infracción, como comparendos, informes de tránsito, entre otros…”, señala la fiscal en el escrito de acusación.
Agrega que, al parecer, manipulan el sistema interno de la entidad, para borrar, modificar comparendos para favorecer a terceros y descargar comparendos. “Realizan tramites de matrícula de maquinarias amarillas, sacan pases sin requisitos legales (curso de conducción) duplican recibos, tramitan licencias de tránsito de otras ciudades, bajan vehículos y motos del Runt, cobran a terceros por eliminar del sistema comparendo… expiden certificados de avalúos de vehículos con fechas anteriores para ser firmados por ex director”.
Estas las actividades como negocio, como su empresa, que la organización delincuencial se había propuesto como objetivo de la misma.
Indica el documento oficial que Juan Nicolás Barrera, José Jamer Morales Vargas, Jhon Weymer Varón López y Jhonatan Martínez Méndez, entregaban motocicletas y carros sin los documentos legales. “Apagan las cámaras para evitar ser descubiertos, y los demás miembros extrajeran bienes que estaban en custodia para venderlos, recibían dinero por parte de los propietarios e infractores para que sus automotores fuesen devueltos de manera fraudulenta, etc”.
Sobre Leonardo Vargas Torres, señala la acusación que era quien tramitaba de manera ilegal la entrega de los vehículos, “recibían dinero a cambio de agilizar trámites y procedimientos internos en la secretaria, para devolución de bienes, engañaba los usuarios les entregaba documentos falsos”.
De Carlos Alonso Rodríguez Berrio, indica que era quien realizaba trámites irregularidades, “como licencias de tránsitos, licencias de conducción, junto con otros servidores extraían bienes y procedían a venderlos, entre otras funciones ilegales”.
Sobre Derly Maritza Laguna Narváez, Luisa Fernanda Calderón Lozada, Danitza Daniela Benavidez Cano, junto con los demás eran quienes extraían bienes y procedían a véndelos.
Señala la Fiscalía que Guido Alexander Galindez Sáenz era quien avisaba a los demás miembros de la organización que bienes se “podían ingresar, registrar al sistema y después proceder a devolverlos al propietario o infractor a cambio de una contraprestación (dinero)”.
Del exdirector de Intrapitalito, William Iván Rojas Giraldo, indica el escrito de acusación de la fiscal que “era quien realizaba actividades ilegales, abusando de sus funciones y recibía dinero a cambio de trámites ilegales”.
Mientras que de Manuel de Jesús Salamanca Imbachi, Héctor Fernando Chavarro Motta y Luis Alfredo Samboni Ramírez, indica que eran particulares encargados de sacar las motocicletas que se encontraban bajo custodia de Intrapitalito.
“Su estructura, era la de ser un grupo delincuencial organizado, actuando como empresa criminal, la cual poseía una estructura jerárquica con roles definidos, está constituida por una multiplicidad de personas… es decir tenia vocación de permanencia y durabilidad en el tiempo”, sostiene la fiscal en el escrito de acusación.
Las presuntas irregularidades
Los investigadores en el transcurso de las pesquisas lograron documentar 20 hechos que ocurrieron dentro de las instalaciones de Intrapitalito y la participación de los implicados en cada uno.
Señala la fiscal que el primero de los hechos ocurrió el primero de diciembre de 2023, hacia las 10:14 a 10:20 de la mañana, cuando Barrera Grillo, vinculado mediante contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión y el particular Samboni Ramírez, se “apropiaron mediante la modalidad halado” de una motocicleta que se encontraba bajo custodia de la entidad de tránsito.
El mismo primero de diciembre entre las 4:10 a 4:44 de la tarde, en los patios de Intrapitalito, Barrera Grillo y Samboni Ramírez, se “apropiaron” de otra motocicleta, que se encontraba bajo custodia de Intrapitalito.
El 13 de diciembre 2023 siendo aproximadamente 10:35 de la mañana a 5:45 de la tarde, en los patios de Intrapitalito, Barrera Grillo y Samboni Ramírez, se “apropiaron mediante la modalidad de halado” de una motocicleta marca Criptón de color verde.
Indica el escrito de acusación que el 19 de diciembre de 2023, hacia las 6:54 de la tarde, Rojas Giraldo “en calidad de Director del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito”, utilizó indebidamente, en provecho de Nicolás Geovanny Velásquez, influencias derivadas del ejercicios de su cargo como director, “con el fin de que el servidor Juan Nicolás Barrera entregará el vehículo marca Twingo, sin el cumplimiento de requisitos establecidos por la norma, al señor Geovanny Velásquez”.
Agrega que el vehículo minutos antes había sido inmovilizado por la agente de tránsito Camila Lamilla Gutiérrez, por la infracción por no respetar las normas de tránsito, “pero la infracción que debió imponer era por mal parqueo, sino fuese por la intervención del director de tránsito Rojas Giraldo, quien influenció para imponer ese comparendo por ser más beneficioso para el infractor”.
Así mismo el 19 de diciembre de 2023 Barrera, “falsificó” en el libro de minutas, registrando el ingreso y salida de automotores y la firma de la persona que autorizaba la salida de los vehículos.
El escrito de acusación señala que el 14 de diciembre de 2023, hacia las 10:56 de la mañana, Barrera Grillo, y Samboni Ramírez, se “apropiaron bajo la modalidad halado” de una motocicleta de color rojo que se encontraba bajo custodia.
La fiscal documento en el escrito que durante el periodo del 21 al 27 de diciembre de 2023, Vargas Torres “recibió para sí la suma de $ 1.350.000”, para la entrega del vehículo Chevrolet Aveo, de placa BYT-252, que había sido inmovilizado mediante el comparendo por el intendente jefe José López, adscrito a la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, y que se encontraba bajo custodia de Intrapitalito.
Indica, además, que durante el periodo del 22 al 27 de diciembre de 2023, Carlos Alonso Rodríguez, auxiliar administrativo en provisionalidad, Calderón Lozada, Laguna Narváez, Benavidez Cano, Morales Vargas, Barrera Grillo, y el particular Héctor Fernando Chavarro Motta, ingresaron a Intrapitalito y se “apropiaron en provecho suyo” de 32 cajas que contenían placas del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito.
Se lee también que el 28 de diciembre de 2023, a las 11:31, de la noche Barrera Grillo, con Martínez Mendoza, se “apropiaron en provecho suyo” de auto partes o repuestos de vehículos inmovilizados que se encontraba bajo custodia de Intrapitalito.
El 16 de enero de 2024, entre 3:58 de la tarde a las 8:14 de la noche Barrera Grillo, y el particular Varón López, “recibieron para sí la suma de $ 450.000”, para que le colaborara con la entrega de la motocicleta de color azul, que había sido inmovilizada por parte de los agentes de Policía. Mientras que el 6 de abril, Varón López acordó con el particular Morales Vargas, “recibir la suma de $300.000”, por parte del propietario de la motocicleta marca Hero línea Splendor de color negra de placa SKM-54B, que había sido inmovilizada, “con el fin de que no la registraran al sistema de ingreso a los patios Intrapitalito ni que hiciera toma fotográfica, para después entregarse sin los documentos requeridos”.
La acusación indica también que entre el 7 y 9 de abril de 2024, Varón López acordó con Morales Vargas, “recibir la suma de $300.000, por parte del propietario de la motocicleta que había sido inmovilizado y que se encontraba bajo custodia de Intrapitalito para que se la entregarán sin los documentos requeridos”.
Agrega que entre 11 al 12 de abril, los dos hombres “acordaron recibir la suma de $300.000”, por parte del propietario de la motocicleta AX Azul, que había sido inmovilizada y que se encontraba bajo custodia de Intrapitalito “para que se entregará sin los documentos requeridos”. Una ‘jugada’ similar efectuaron el 15 de abril, recibieron la suma de $550.000, “por parte de Manuel de Jesús Salamanca Imbachi, para que le entregaran sin los documentos requeridos una motocicleta que había sido inmovilizada. Vehículo que fue retirado sin el procedimiento legal ni mucho menos con los documentos requeridos para la respectiva entrega”.
Señala la fiscal en el escrito de acusación que el 19 de septiembre de 2023, Luisa Fernanda Calderón Lozada y Morales Vargas “recibieron para sí, la suma de dinero” de parte de la propietaria de la motocicleta de placa BTN-29, para que le entregaran. “Había sido inmovilizada y se encontraba bajo custodia de Intrapitalito”.
La fiscal sostuvo que con base en los informes rendidos por investigadores de Policía Judicial, los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida, “afirmar con probabilidad de verdad que las conductas delictivas existieron y se ejecutaron y que entre sus responsables están las personas contra quien esta Fiscalía presenta escrito de acusación”.
Tomado de La Nación.
