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La crisis de la Nueva EPS obligó al Gobierno a definir una hoja de ruta urgente para su recuperación. En ese contexto, el nuevo interventor, Jorge Iván Ospina, deberá asumir el reto de estabilizar la aseguradora más grande del país, marcada por deudas billonarias, fallas operativas y un colapso en la atención al usuario.
La Superintendencia Nacional de Salud le otorgó un plazo de 30 días hábiles para presentar un plan de trabajo que permita enderezar el rumbo de una entidad que hoy tiene más de 11,7 millones de afiliados.
Una crisis financiera que golpea todo el sistema
Uno de los mayores desafíos será el frente económico. La Contraloría General de la República ha advertido que la EPS acumula deudas superiores a los $21 billones, además de inconsistencias en la facturación que, incluso tras procesos de depuración, siguen dejando obligaciones por más de $13,2 billones.
Esta situación no solo afecta a la entidad, sino que impacta directamente a hospitales, clínicas y proveedores, generando retrasos en pagos y poniendo en riesgo la sostenibilidad de la red de salud.
Servicios en riesgo y ruptura con prestadores
Las consecuencias ya son visibles. Varias instituciones han suspendido servicios por falta de pago, mientras operadores farmacéuticos han terminado contratos ante la creciente cartera.
Este escenario ha generado dificultades para miles de usuarios que hoy enfrentan problemas para acceder a citas, tratamientos y medicamentos, profundizando la crisis del sistema.
El colapso en la atención al usuario
A la par de los problemas financieros, la Nueva EPS enfrenta un deterioro crítico en la atención. Durante 2025, la entidad registró más de 518.000 quejas y acumula más de 120.000 tutelas sin resolver, cifras que evidencian un sistema desbordado.
La recuperación de la confianza de los usuarios será uno de los retos más complejos en esta nueva etapa.
Fallas en la información y falta de control
Otro punto crítico es la ausencia de claridad en las finanzas. La EPS no ha presentado estados financieros actualizados desde 2023, lo que dificulta conocer con precisión su situación real y limita la toma de decisiones estratégicas.
Ordenar esta información será clave para avanzar en cualquier proceso de recuperación.
Garantizar la atención, el objetivo principal
En medio de este panorama, el Gobierno ha sido claro en que la prioridad es garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, evitando que la crisis afecte aún más a los afiliados.
El reto no es menor: se trata de sostener la operación mientras se corrigen fallas estructurales.
Polémica y presión sobre el nuevo interventor
El nombramiento de Ospina no ha estado exento de cuestionamientos, tras denuncias del congresista Daniel Briceño por un caso de viáticos.
A pesar de ello, el interventor ha manifestado su respaldo al presidente Gustavo Petro y aseguró que asume el reto con la convicción de sacar adelante la entidad.
Intervención hasta 2027
La intervención estatal se extenderá hasta el 10 de abril de 2027, reflejando la profundidad de la crisis.
El desafío ahora será lograr lo que no han conseguido los anteriores interventores: recuperar la estabilidad de la Nueva EPS y garantizar el derecho a la salud de millones de colombianos.
Tomado de el Diario del Huila.
