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La minería ilícita en el Huila mutó hacia un lucrativo engranaje criminal vinculado a grupos armados e impulsado por los altos precios del oro. Aunque las autoridades intensificaron los operativos este año con un incremento del 60 % en capturas y golpes a la maquinaria pesada, los daños ambientales en cuencas estratégicas y fuentes abastecedoras continúan afectando a los ecosistemas. Municipios como Tesalia, Yaguará y Teruel son los más afectados.
María Alejandra Ruiz Mallungo
El departamento del Huila no es ajeno a una de las crisis ecológicas y de seguridad más complejas de Colombia: la explotación ilícita de yacimientos mineros. Esto ha dejado de ser un problema de simple informalidad para convertirse en un engranaje criminal altamente lucrativo que destruye los ecosistemas locales.
La minería ilegal en el departamento se concentra principalmente en dos modalidades: la extracción de materiales de construcción y la minería ilegal de oro, esta última ejecutada tanto en socavones profundos (oro de filón) como en las riberas y cuencas hídricas (oro aluvial). Los impactos ecológicos y sociales de estas prácticas son devastadores para la región. La actividad destruye por completo la capa vegetal y la productividad de la tierra, dejando cicatrices imborrables en el ecosistema.
“Resulta que ha habido múltiples intervenciones en el departamento Tolima, donde la minería ilegal de oro estaba supremamente desbordada de cualquier parámetro, especialmente en el sur del Tolima, en los municipios de Ataco, Coyaima. Y eso ha hecho que esas intervenciones de cierta manera hayan ocasionado un desplazamiento de la presión hacia áreas como el departamento del Huila. Me estoy refiriendo a municipios como Teruel, Yaguará, Tesalia”, expresó Camilo Agudelo, director de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, CAM.
Afectación a ríos
Todo este material removido y lavado termina directamente en las fuentes hídricas, colmatando los cauces y destruyendo la vida acuática. Sin embargo, el peligro no es solo físico, sino también químico, debido al uso de sustancias altamente tóxicas que ponen en riesgo el abastecimiento de agua de las comunidades.
Así lo advierte el director de la CAM: “Hemos tenido y no sé si lo recuerdan, hace alrededor de 2 años y medio, un problema en la cuenca abastecedora del municipio de Aipe, precisamente por unas canecas de cianuro que cayeron a la fuente abastecedora”. En aquella ocasión, el municipio quedó completamente desprovisto de agua potable durante un tiempo considerable, evidenciando la extrema vulnerabilidad de los acueductos locales frente a la codicia criminal.
Actualmente, los municipios y cuencas hidrográficas más afectados y priorizados por el Gobierno Departamental y la fuerza pública debido a daños irreparables en sus recursos naturales son: Yaguará y Tesalia: con afectación directa al río Yaguará y las zonas aledañas al embalse de Betania; Hobo y Campoalegre: donde se registra el ingreso de maquinaria pesada al río Neiva y a la cuenca media del río Magdalena y La Plata: afectado por socavones de gran profundidad que impactan directamente los ríos La Plata y Páez.
El balance operativo
Los datos y estadísticas que dimensionan esta problemática provienen directamente del Departamento de Policía Huila, en un trabajo articulado con el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el acompañamiento técnico de la Cam. Este esfuerzo conjunto se nutre de la capacidad de reacción en flagrancia de la policía en cada municipio y del soporte de las denuncias ciudadanas, que activan los operativos de forma segura.
Un análisis comparativo entre 2025 y lo corrido de 2026 evidencia un incremento en las acciones operativas y de control contra la minería ilícita en el departamento, destacándose un aumento del 60% en las capturas en flagrancia (de 25 a 40) y una subida del 42% en la incautación de motobombas de alta presión (de 19 a 27) en 2026. Asimismo, mientras que en 2025 no se registraron golpes de este tipo, en 2026 se logró la destrucción de 2 retroexcavadoras y la incautación de 2 dragas, además de documentarse 16 casos conocidos y 86 minas intervenidas; todo esto sumado a un valor estimado que supera los 2.136 millones de pesos en incautaciones e inhabilitaciones de maquinaria y material logístico durante el último periodo.
¿Quiénes están en medio de esta economía ilícita?
La minería ilegal en el Huila no es un hecho aislado; responde a dinámicas de desplazamiento de la actividad y a complejas redes de instrumentalización.
Por otro lado, las autoridades de policía han identificado con claridad a los actores involucrados en la cadena de esta economía ilegal. En la base se encuentran los mineros informales y las comunidades locales, quienes ejecutan directamente la extracción de oro y de materiales de arrastre (arenas y gravas) sin contar con títulos mineros ni licencias ambientales, una parte de estos de manera artesanal.
No obstante, el Departamento de Policía Huila ha determinado que: “Toda la minería ilegal la ejecutan directamente mineros informales o comunidades locales que estarían vinculadas y siendo instrumentalizadas por los diferentes grupos armados con injerencia en el departamento del Huila”.
Detrás de esta instrumentalización se esconde un negocio corporativo del crimen impulsado por el mercado global. Así lo confirman las investigaciones de la Policía Huila: “De acuerdo con los informes de la Fiscalía General de la Nación, la explotación ilícita de yacimientos mineros se ha convertido en un negocio criminal altamente rentable debido a los elevados precios del oro”. A la par del oro, la construcción civil en los cascos urbanos impulsa la extracción clandestina de arenas y gravas, evadiendo el control estatal y afectando gravemente las fuentes hídricas por la remoción de estos materiales.
El llamado urgente a la formalización
Frente a este panorama sombrío, las autoridades ambientales insisten en que la solución no es acabar con la minería, sino arrebatarle el negocio a la ilegalidad a través de la regularización. El Huila cuenta actualmente con 90 licencias ambientales vigentes para la explotación legal de diversos materiales como calcáreos y rocas fosfóricas. En estos proyectos autorizados, la CAM realiza un seguimiento estricto para garantizar que se mitiguen los impactos ambientales.
La diferencia entre ambos mundos es abismal. Como concluye Camilo Agudelo al defender la necesidad de transitar hacia la legalidad: “La minería legal que es la que se controla, a la que la corporación hace seguimiento, que la corporación garantiza los monitoreos ambientales, los indicadores ambientales para, por supuesto, mitigar todos esos impactos que pueden generarse”.
“En ese sentido es muy importante que desde el departamento no se deje avanzar este fenómeno y consideramos que la fuerza pública ha estado siendo un buen desarrollo y en ese sentido esperamos también a su vez continuar es que ese esfuerzo se ha se ha continuado”, finalizó Agudelo.
Tomado de la Nación.
