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Aun cuando es uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro y se jacta de ser de los pocos que le habla al oído, Carlos Ramón González conserva el perfil bajo y silencioso que valora, e incluso requiere, todo jefe de Estado. El hoy director Nacional de Inteligencia (DNI) –un exguerrillero que militó de tú a tú con el hoy mandatario en el M-19 y quien tiene poltrona la Alianza Verde–, es otro de los que también aparece salpicado en el escándalo que tiene contra las cuerdas al ‘Gobierno del cambio’.
Se trata del ventilador que prendió Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), quien desató un verdadero maremoto político al revelar que –con dineros de los carrotanques para La Guajira–, funcionarios del Gobierno pagaron supuestos sobornos a los presidentes de Senado y Cámara para asegurar el trámite de las reformas sociales.
Ahora, este lunes se conoció que, siguiendo la línea de quien fuera su subalterno, el exdirector Olmedo López busca colaborar con la justicia y delatar a otros presuntos implicados en las irregularidades a cambio de beneficios judiciales. En este contexto, sobresalió el nombre de Carlos Ramón González.
El hoy funcionario –quien hasta hace dos meses ocupaba la oficina más importante de Casa de Nariño: la del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)–, habría sido quien dio la orden para que, a través de Gestión del Riesgo, se les pagará $3.000 millones a Iván Name (Alianza Verde), presidente del Senado, y $1.000 millones a Andrés Calle (Partido Liberal), presidente de la Cámara, a cambio de garantizar el trámite de las reformas de Petro.
El detalle de cómo, cuándo y en qué circunstancias ocurrió el supuesto soborno está consignado en una matriz que Olmedo López prepara ante la Fiscalía en búsqueda de un principio de oportunidad para delatar a funcionarios del más alto calibre a cambio de beneficios judiciales.
La mención a González en semejante escándalo es de la mayor gravedad. Hasta febrero pasado era el director del denominado ‘computador de Palacio’ y hoy está al frente de la Dirección de Inteligencia. Sin embargo, hace parte del primer círculo del Jefe de Estado y, junto al hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, figuran como los funcionarios de más alto nivel salpicados en la trama de corrupción. El círculo lo cierran la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y Andrés Idárraga, secretario de Transparencia.
Carlos Ramón González, quien es conocido por ser uno de los mandamás del Verde, es un aliado de antaño de Petro. El santandereano conoció al hoy presidente durante su paso por el M-19 entre los años 80 y 90. Fue congresista, concejal de Bucaramanga y uno de los impulsores políticos del partido nacido tras la desmovilización de la guerrilla: la Alianza Democrática M-19.
Una década después, ahora bajo el rótulo del partido Verde Opción Centro, González –de la mano de Antanas Mockus y Antonio Navarro–, fundó lo que hoy formalmente se conoce como la Alianza Verde.
En febrero del 2022, antes de su salto al gobierno Petro y mientras seguía llevando las riendas del partido, una investigación de La Silla Vacía reveló que González no solo fue condenado por falsificar documentos para hacerle el quite a los topes de campaña cuando fue concejal, sino que se hizo políticamente de la mano del parapolítico Luis Alberto “El Tuerto” Gil.
Por si fuera poco, el portal puso en evidencia que, apalancado en “una red de relaciones y empresas”, González y su familia se hizo a contratos estatales por más de $14.000 millones –particularmente en el sector salud–, sumado a ventajosos préstamos de dinero a su partido, la Alianza Verde.
Sumado a su mención en el escándalo de supuestos sobornos legislativos, González protagonizó otra polémica este fin de semana luego de que el periodista Yohir Akerman –en una columna en la revista Cambio–, denunció que el Gobierno pretende unificar vía decreto todos los servicios de inteligencia en la DNI. Ello implicaría que las fuerzas de inteligencia de organismos como la Policía o el Ejército, que hoy conservan cierta independencia, tengan que reportarle a la Dirección Nacional de Inteligencia.
“Los organismos de inteligencia de Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea deberán suministrar toda la información que la DNI requiera. Esto fácilmente podría deformarse en la pesadilla de espionaje vivida durante los gobiernos del expresidente Uribe”, advirtió Akerman en referencia a los excesos que se perpetraron durante el antiguo DAS.
