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La Contraloría General encendió las alarmas en el Huila tras detectar hallazgos fiscales por $7.274 millones en ElectroHuila, relacionados con sanciones y fallas en la gestión de recursos públicos durante los años 2019 a 2023.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por más de $14.511 millones en auditorías practicadas a empresas de energía de Huila, Meta y Nariño. En el caso de ElectroHuila, el organismo identificó pagos por sanciones que superan los $7.274 millones, recursos que, según el ente de control, afectaron la disponibilidad presupuestal destinada a inversiones y evidencian fallas en la gestión administrativa.
Huila concentra el mayor hallazgo
El Huila fue el departamento donde la Contraloría identificó el mayor hallazgo fiscal dentro de las auditorías realizadas a las empresas de energía. De los $14.511 millones detectados en las tres electrificadoras revisadas, $7.274 millones corresponden a ElectroHuila, cifra que representa cerca de la mitad del total reportado por el organismo de control.
Según la entidad, estos recursos fueron destinados al pago de dos sanciones impuestas por autoridades de vigilancia, situación que calificó como un gasto improductivo porque redujo la capacidad financiera de la empresa para ejecutar inversiones en infraestructura y mejorar la prestación del servicio de energía en el departamento.
El informe hace parte de las auditorías financieras adelantadas por la Contraloría para verificar el manejo de recursos públicos en empresas de servicios públicos domiciliarios.
Sanciones por competencia y calidad del servicio
El principal hallazgo corresponde al pago de $6.089 millones derivado de una sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio. De acuerdo con la Contraloría, la decisión estuvo relacionada con el cobro del derecho de participación en procesos de invitación pública sin sustento legal ni económico, así como con restricciones que limitaron la participación de consorcios y uniones temporales entre 2019 y 2023.
El organismo explicó que estas actuaciones constituyeron prácticas que afectaron la libre competencia. Aunque el pago fue realizado para evitar intereses moratorios y eventuales procesos de cobro coactivo, la Contraloría considera que representó un detrimento para los recursos administrados por la empresa.
A este caso se suma una segunda sanción por $1.160 millones, impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debido a deficiencias en la calidad del servicio registradas durante los años 2020 y 2021. La conducta fue catalogada como grave y de alto impacto social, debido a las afectaciones generadas en la prestación del servicio de energía.
Llamado a fortalecer la gestión
Aunque las auditorías también detectaron hallazgos en la Electrificadora del Meta por $5.813 millones y en Centrales Eléctricas de Nariño por $1.424 millones, el caso de ElectroHuila concentra la mayor cuantía y pone nuevamente en el centro del debate la importancia de fortalecer los mecanismos de planeación, supervisión y control dentro de las empresas que administran recursos públicos.
La Contraloría reiteró que el pago de multas, sanciones e intereses moratorios constituye un uso ineficiente de los recursos, ya que se trata de dineros que podrían destinarse a proyectos de modernización, expansión de redes o mejoramiento de la calidad del servicio para los usuarios.
El organismo recordó que la Constitución y la legislación vigente obligan a las entidades públicas y a las empresas de servicios públicos que administran recursos estatales a actuar bajo criterios de eficiencia, economía y responsabilidad. Por ello, los resultados de estas auditorías podrían dar paso a procesos fiscales encaminados a establecer las responsabilidades derivadas de los hallazgos identificados.
Tomado de el Diario del Huila.
